Por Clarisa Busemi (@clarisa_busemi) para Huerquen
Después de 77 años de la primera movilización, los pueblos originarios jujeños decidieron retomar el legado de sus ancestros por la gravedad que reviste la elaboración de la Reforma parcial de la Constitución de su provincia. Algunos sostienen que sobrevuela el miedo de regresar a sus tierras por las amenazas que eso conlleva al estar movilizados, y que en su provincia hay una democracia rota.
Foto: Nicolas Pousthomis / TierraViva
El Tercer Malón de la Paz, que llegó el 1 de agosto a la Ciudad de Buenos Aires, reúne y representa a 420 comunidades de Jujuy que continúan con su plan de lucha en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su permanencia vertebra tres reclamos de urgencia: que la entidad máxima de justicia declare la inconstitucionalidad de la Reforma “exprés” ejecutada por Gerardo Morales, que el Congreso de la Nación intervenga la provincia; y que se elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. A estas reivindicaciones se les suma un cuarto reclamo que tiene que ver con el cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la Reforma.
La inconstitucionalidad de la Reforma se basa en violaciones como la del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y artículos tales como el 75 (inciso 17 y 22) de la Constitución Nacional Argentina que contemplan derechos internacionales de los pueblos originarios a quienes se les debe consultar y dar a conocer previamente la consistencia de lo que se está votando para obtener su consentimiento.
Además, fue aprobada en 20 días, incumpliendo los plazos legales que estipulan discusiones para su tratamiento por el transcurso de 90 días.
«Morales, al tomar los tres poderes, es una persona invencible. Si no estás de acuerdo con lo que él hace te toma de sedicioso. No tenemos adonde ir, ni adónde quejarnos porque en Jujuy se rompió el diálogo, ¡por eso estamos acá!.»
La que habla es María Carrazana, malonera de la comunidad Larcas, y habitante de La Quiaca. Dice que los manifestantes son detenidos bajo la categoría de sedición, figura que criminaliza la protesta y otorga a los jueces la capacidad de fiscalizar y sancionar manifestaciones y reuniones limitando la participación ciudadana y la representatividad. Además, muchos de los militantes suman contravencionales con multas cuantiosas de hasta de dos millones de pesos.
En Jujuy no existe el principio republicano de la división de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) porque el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta cometió el delito de Suma de Poder Público, al alternar sus funciones como gobernador y Presidente de la Convencional Constituyente (órgano político que tiene la potestad de reformar la Constitución de la provincia).
«¿Qué garantía tenemos si (el gobierno de Morales) entra a las universidades y saca a los jóvenes y a los maestros y los mete presos?», señala a Huerquen, Carrazana, e insiste con lo que considera es el principal punto de lucha del Malón: “Necesitamos urgente la intervención de la provincia porque aquí no estamos hablando de una persona, sino del riesgo de vida del pueblo entero”.
Franco Lamas es de Salinas Grandes, y en diálogo con Huerquen invita a ampliar la mirada: “todo el pueblo argentino tiene que saber que este tipo de gobiernos son peones de las multinacionales, de los países más poderosos como Estados Unidos y China. Nuestro país será avasallado. Hoy lo hacen en una provincia y mañana lo llevarán a nivel nacional”. El integrante del Malón de la Paz expresa con hastío: “No queremos más tanto abuso. Nos cansamos. Nos vamos a quedar acá hasta que nos den respuestas y sino iremos a la Corte Interamericana Internacional de Derechos Humanos”.
En el lugar sobrevuelan los chalecos celestes, funcionarios del gobierno porteño que, con loop automático les repiten a los maloneros: “no pueden estar acá, no se pueden armar carpas”. La respuesta es empírica: “estas no son carpas”. Y es que están permaneciendo debajo de lonas que improvisan un refugio, y con colchones y frazadas apiladas. Descansan en turnos, hacen guardias y se mantienen con parsimonia y persistencia a la espera de una respuesta que no llega.
Elia Brizuela, malonera de la comunidad Koya Sullo, vive en Perico, y en diálogo con Huerquen resalta que “desde el jueves 10 de agosto reforzamos la seguridad gracias a la presencia de la CTA, y de otras organizaciones, después de lo que pasó con el compañero Facundo Molares”. Y agrega: “Se reforzó la seguridad, permanecimos despiertos haciendo guardia y varios del Malón fueron a la marcha”, en pedido de justicia por el asesinato del militante.
En Plaza Lavalle durante el día entre pancartas de ¡Abajo la reforma, arriba las wiphalas! coexisten diversas actividades y charlas. A partir de las 18 una serie de números artísticos se disponen a acompañar la resistencia de la provincia del norte. Se necesitan donaciones de alimentos, acompañamientos políticos, de activistas, artísticos, sindicales, de toda la ciudadanía; y de toda índole. Además de mantas, frazadas y difusión.
Foto: Nicolas Pousthomis / TierraViva
Recursos naturales, litio y después
Las comunidades también reclaman que el nuevo texto aprobado el 20 de junio por el gobierno de Morales, en el Artículo 94 y el 95 “concibe a la tierra y al agua bajo una mirada productivista para la explotación y el saqueo cuya administración orbita bajo el ala del Poder ejecutivo”.
Elia Brizuela, que vive en la zona donde se arman las baterías con el recurso que se extrae de las Salinas del Norte desmenuza: “El saqueo viene por la explotación del litio. En Perico está (Gotion Inc) la empresa china (de 50 hectáreas) que se inauguró para realizar baterías con el litio”, dice
Perico es, además, la zona de la finca El Pongo, donde, Gastón Morales, el hijo del gobernador, regentea las plantaciones de marihuana que “tienen más luces que nuestra ciudad y está custodiada por gendarmería”, detalla Elia. La finca es de gestión estatal, tiene 14.000 hectáreas, y fue cedida gratuitamente en febrero de 2019 bajo decisión de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habilitó a la empresa “Cannabis Oficial Avatara Sociedad del Estado” (CANNAVA S.E.) por el transcurso de cien años.
Elia es promotora de Derechos Humanos y especifica un poco más acerca de la desigualdad entre empresarios y gobernantes en desmedro del pueblo. “Ellos pueden poner sus empresas, y a la gente que durante años habitó allí se las saca como si nada. Les pasan las máquinas y las familias quedan en las calles”. Ese aspecto, reconoce, fue uno de los detonantes para que se involucraran en el Malón. “El pueblo está sufriendo, y a nosotros nos hierve la sangre al ver que nadie hace nada. Eso me trajo hasta acá. Quisimos ser parte del Malón, de esta historia y de esta lucha”, recalca.
Buenos Aires, agosto de 2023
Foto: Nicolas Pousthomis / TierraViva
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Interesante nota!