Por Camila Parodi y Susi Maresca. Fotos: Susi Maresca
A tan sólo 46 km de la ciudad de Salta se encuentra el paraje Torzalito, un pueblo perteneciente al departamento de Gral. Güemes, en el norte de nuestro país. Allí, la ruta del litio encuentra un desvío para depositar muchos de los desechos que no se quedan en los Salares de Olaroz y del Hombre Muerto de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Porque sí, la minería de litio tiene desechos químicos, entre ellos por el uso de cloruro de litio y soda cáustica. También, en esa misma zona periurbana, se finaliza la producción de carbonato de litio quedando listo para exportar.
Por su ubicación estratégica, el departamento de Gral. Güemes se constituye como uno de los polos industriales más grandes del norte argentino. Una zona semirural modificada para constituirse como “Nodo Multimodal” y puerto seco de acopio para el Ferrocarril Belgrano. Allí conviven procesadoras agroindustriales, feedlots, frigoríficos y termoeléctricas, plantas industriales encargadas de procesar bienes comunes y convertirlos en commodities para su exportación desde el Puerto San Lorenzo ubicado en Santa Fe.
En ese mismo polo industrial, durante los últimos años, se comenzó a procesar el carbonato de litio y a tratar los desechos químicos que este tipo de minería produce. La primera empresa en instalarse en la zona fue Livent (Ex FMC), la misma que explota litio en la Argentina desde 1997 y que ahora confluye en la empresa Allkem con proyectos en las provincias de Catamarca y Jujuy. A continuación, desde 2020 comenzó la instalación de la segunda planta procesadora de litio por parte de la empresa coreana POSCO y, recientemente, comenzó la obra del proyecto “Mariana” perteneciente a la empresa china Ganfeng Lithium.
El “progreso” llegó
Un pueblo agricultor se ve invadido de manera aterradora por el extractivismo. Cuatro plantas procesadoras y de basura química que generan contaminaciones de todo tipo. Hace unos años, según contaron los vecinos del lugar, parte de las aguas contaminadas fueron vertidas por los canales de las acequias de donde sus animales tomaban agua. Esto generó la pérdida de haciendas enteras y la intoxicación de gran parte de la comunidad.
Sin instancias consultivas reales, la población de Torzalito comenzó a ver cómo las grandes plantas comenzaban a levantarse en las inmediaciones de sus fincas y casas. Plantas y torres que son construidas en muy poco tiempo para facilitar el saqueo. No hay información clara, pero sí una seguridad: “Van a arrasar con todo” como asegura Antonio, uno de los integrantes de la comisión vecinal.
“¿Si no tenés vida de qué sirve tener trabajo?”, se pregunta Antonio al comenzar la conversación. Ese día hay asamblea de vecinos y sabe bien que la empresa POSCOS está intentando convencer a las diferentes familias de aceptar el proyecto a cambio de propuestas laborales que aún no son claras. Antonio, junto a otras familias, sabe bien que este proyecto no tiene nada de novedoso, ya lo hizo Livent (ahora Allkem) para instalarse previamente: “Dicen que habrá más trabajo, que no contaminan, que no habrá inconvenientes… pero una vez que llegan comienzan los “accidentes”: derrames, despidos y todo eso”, asegura.
“Al gobierno no le interesa la humanidad, le interesa la plata”
Entre las plantas y predios imponentes se vislumbran algunos ranchitos. Quienes habitan esa zona son campesinos que ya habían sido desplazados en los años ´90 por el ingenio San Isidro. “Nosotros somos hijos de los trabajadores del ingenio que, cuando cayó en bancarrota indemnizó a nuestros padres con parcelas 5 hectáreas de tierra”, explica Andrés, uno de los puesteros. Sin embargo, rápidamente el ingenio advirtió que las tierras otorgadas eran fértiles así que los volvió a desplazar a parcelas linderas a la ruta 34 de tan sólo 1 hectárea. El acuerdo del ingenio con las familias trabajadoras se basaba en que el gobierno les reconocería la propiedad pero hasta el día de hoy eso no ocurrió y viven sin títulos ni servicios básicos como el agua.
Por muchos años, las familias habitaron la zona y modificaron el paisaje, trajeron agua en canales, se protegieron con la vegetación del monte, criaron animales y produjeron sus propios alimentos hasta que, otra vez, un proyecto extractivista avanzó sobre ellos. Ya no es el ingenio quien las desplaza, ahora las empresas mineras replican los mismos procedimientos: no piden permiso y se llenan de promesas. “Nos dicen que nuestra tierra fue tomada y que nos tenemos que ir, desconocen el acuerdo con el gobierno”, denuncia otro trabajador rural a quien no nombramos para preservar su identidad.
Con la llegada de la primera planta procesadora, Livent, las familias no tuvieron muchas posibilidades de dialogar. De esa experiencia confirmaron que este tipo de proyectos no son beneficiosos para su vida ni la de su territorio. “Nos dijeron que no utilizarían desechos contaminantes pero un día por “accidente” tuvieron un derrame que nos acabó con todo lo que teníamos”, explica Andrés. El derrame se produjo por el único canal donde la población accede al agua, de esta manera, toda su vida se vió afectada: “Tenía huerta, vacas. Me mataron 15 vacas con el derrame y otras 15 murieron después por las consecuencias que dejó. También murieron muchos chanchos, charatas, pájaros y gallinas en toda la zona”, se lamenta uno de los productores.
Las familias afectadas por Livent iniciaron una demanda judicial, la policía rural comenzó una investigación y se presentaron en el gobierno local para denunciar la situación. Pero la denuncia no avanzó: “Nadie se hizo responsable de la muerte de los animales, hay gente que perdió hasta 30 o 40 vacas y la denuncia no avanza”, asegura Antonio. No sólo fueron ignorados sino que también el gobierno continuó aprobando proyectos igual de contaminantes. “Al gobierno no le interesa la humanidad, le interesa la plata”, reflexiona Antonio al recordar los hechos. El tiempo pasa y las familias únicamente advierten el deterioro: “Pasan las camionetas, no piden permiso, levantan mucho polvo, hacen ruido. La minera está sacando el poco agua que tenemos en los pozos para vivir”, denuncia Andrés quien continúa el sueño de su padre y cría pavos reales en medio de tanta destrucción.
“Nosotros somos hijos de esta tierra”
Con la llegada del proyecto POSCOS comenzaron nuevas instancias de encuentro entre la comunidad y las empresas. “Nos pusieron 8 pantallas y nos mostraron el proyecto de cómo en teoría iba a ser la planta nueva”, explica Antonio desesperanzado. Por ejemplo, Antonio recuerda que en los planos mostraban que realizarían un desmonte de 50 metros hacia alrededor del predio. Sin embargo, esto no pasó: “Eso antes era todo monte natural que se impuso al cañaveral después de que el ingenio San Isidro se fuera a la quiebra. Ahora sólo queda polvo y tierra removida, otra vez no hay monte”.
Una de las preocupaciones principales de las familias campesinas es el tema del agua. Al igual que en los salares, la minería de litio insume toneladas de agua para su producción así como también realiza desechos tóxicos y contaminantes sobre el agua dulce. “Nos dijeron que no iba a haber desechos en el río, que toda la salmuera sobrante iba a volver a su lugar de origen”, señala Antonio quien asegura que ahora las empresas están buscando lugar para entubar los desechos y tirarlos al río.
El río Mojotoro limita el comienzo del paraje Torzalito. Quienes habitan el territorio hace más años recuerdan que antes su agua podía utilizarse para los animales y huertas. Sin embargo, durante las últimas décadas, el río fue contaminado por los desechos de las termoeléctricas ubicadas más arriba. “No queremos más contaminación, acá las napas están bajitas a 9 metros y eso también es un problema porque ellos nos dicen que son 6 o 7 pozos los que usará la empresa POSCOS para tomar el agua”, expresa Antonio
Durante las reuniones mantenidas con la empresa, las familias comentan que les comunican que tomarán agua a 250 metros pero advierten que no hay una documentación que lo demuestre. “Nadie nos confirma nada, les exigimos documentación, queremos algo escrito y eso es lo que nosotros vemos aquí porque no nos están diciendo la verdad, esto lo hacen para decir que tuvieron instancias consultivas o participativas”, aseguran desde la comisión vecinal.
Desde la empresa POSCOS sostienen que la minería de litio es limpia y no contamina, con ese discurso se acercan a las reuniones comunitarias sostenidas con las familias de la zona. “Ellos creen que no sabemos nada, pero nosotros sí sabemos que mata y desarma todo, ya estuvimos en contacto con ese desecho y vimos cómo quedó todo”, señala Antonio. Desde la comisión comenzaron a identificar contradicciones en la exposición de las empresas, por ejemplo, si bien dicen que no tiran desechos luego se encuentran haciendo las averiguaciones para comprar tierra a los habitantes de la zona y colocar un caño o canal de 6 metros que se dirija al río.
“Desde la comisión estamos aprendiendo nuestros derechos para hacerlos valer”, explica Antonio en una diálogo previo a la asamblea semanal. Desde su postura, el territorio y la vida en él se defienden: “Nosotros somos hijos de esta tierra que es perfecta, no tiene salitre, acá crece todo. Yo que trabajo en la agricultura, no necesito agregarle nada”, asegura. Ese es el temor con la llegada de los proyectos de minería de litio: “podemos llegar a perder todo, queremos que por lo menos nos escuchen y hagan las cosas bien”.
Salta, Octubre de 2023
