El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sin autoridades. Falta de políticas públicas. Recorte salariales y falta de pago de sueldos. Un sector productivo en total abandono.
Por Eduardo Silveyra.
El 4 de noviembre de 2022 el gobierno de Alberto Fernández creó por decreto el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), un ente autárquico que absorbería las funciones que hasta ese momento realizaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el nuevo ente, dejaría de estar bajo la órbita de la ahora Secretaría de Agricultura, para quedar en la estructura de la Jefatura de Gabinete. El decreto 729/2022 que creaba al organismo lo ubicaba en el marco de la Ley 26.723 del Régimen de protección al domino nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y como integrante del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, a la vez que, lo designaba como autoridad de aplicación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. La ley fue sancionada sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue tomada como auspiciosa por las organizaciones del sector, aunque a último momento quedó sin presupuesto y su posterior reglamentación fue motivo constante de reclamo tanto al gobierno de Mauricio Macri, como al de Alberto Fernández.
La creación del INAFCI, si bien en un principio generó sus dudas, porque quitaba de la órbita del ministerio de agricultura las políticas destinadas a la agricultura familiar y campesina, también generó cierto grado de incertidumbre en cuanto a su funcionamiento y financiación. A medida que el tiempo corría y se ejecutaban proyectos o aplicaban trabajosamente sus políticas de desarrollo, pese a algunas críticas, el INAFCI se transformó en una herramienta fundamental de sostén de la Agricultura Familiar, prácticamente la única. Un sector que por el aporte de sus producciones durante la pandemia, demostró su importancia estratégica, a favor de la soberanía y seguridad alimentarias, y su importancia para sostener comedores y merenderos, a lo largo y ancho de todo el país. Y en el que algunas de las compañeras de las organizaciones que sostenían los mismos, pagaron con sus vidas el esfuerzo de hacer frente a la crisis alimentaria que trajo aparejada la crisis sanitaria. Se puede decir en ese aspecto, que por encima de las críticas válidas o no, hubo presencia del estado y de las organizaciones en ese periodo, como así también lo hubo durante la larga sequía que asoló a las provincias norteñas durante dos años. Ante esa contingencia, desde el INAFCI se proyectó un plan de emergencia para la construcción de cisternas apara acopio de agua, de las 7000 proyectadas al final de la gestión de Alberto Fernández, se habían construido unas 5000 y las restantes estaban en proceso de construcción, donde intervenían empresas privadas, el estado nacional y provincial, gobiernos municipales y organizaciones campesinas, para solucionar el problema de abastecimiento en las comunidades y unidades productivas.
OBJETIVOS. Entre los diversos objetivos ordenados para el INAFCI por la ley que lo creó estuvo y debería seguir estando, “fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas, propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores y las agricultoras”. La creación del INAFCI, abrió una nueva instancia para llevar adelante políticas públicas para el sector, y a instancias suya impulsar la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra y la Ley de Pesca Artesanal, siendo la primera de las leyes de importancia suprema para llevar adelante la intención de su premisa, ya que según estimaciones del Banco de Tierras, hay 12 millones de hectáreas disponibles y de propiedad estatal, las cuales en manos campesinas, permitirían generar no sólo producciones de consumo interno, sino también exportaciones de buena calidad alimentaria. El INAFCI también podría ser el vehículo de un viejo reclamo de las organizaciones campesinas, como lo es, contar con una representación equitativa en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde sólo hay representantes del agronegocio. No es poco lo que se juega o jugaba en esos objetivos, sobre todo cuando se habla de arraigo, soberanía alimentaria, acceso a la tierra y mejoramiento de la vida de miles de campesinos y campesinos que producen el 70 % de los alimentos que se consumen a diario en la mesa de los hogares argentinos, aunque hoy, en la realidad acuciante a la que somete el gobierno actual a la inmensa mayoría del pueblo argentino, se haya modificado la cifra de manera sustancial, debido al ajuste salvaje que propicia día a día la baja en el consumo de alimentos.
TRABAJADORES. El desguace del estado llevado adelante por Milei y sus funcionarios adictos a la motosierra, con despidos y cierre de organismos, no tienen parangón en toda la historia política argentina, a esa masacre planificada no podía ser ajena el INAFCI, el cual desde la asunción del mismo, se encuentra sin autoridades, lo cual crea una inestabilidad laboral y emocional en aquellos y aquellas que trabajan en el organismo. Hoy los 1080 trabajadores y trabajadores de la institución se encuentran sin tareas, más de un centenar comprendidos en la modalidad de contratación 1109/17 no cobran su sueldo desde el mes de enero, a lo cual se suma el quite de horas extras en sueldos y unidades retributivas en sueldos que no superan los $150.000 y que hoy, ese salario no llega a la tercera parte de lo que cuesta una canasta básica familiar. No son pocos, los que ante esta situación han dejado de concurrir para realizar su trabajo, puestos en el dilema de comer o gastar el sueldo en el viaje hacia el lugar donde deberían cumplir sus tareas. A esta situación aberrante, se le suman los cambios de dependencia institucional que ha sufrido el organismo en estos casi tres meses de gestión, ya que pasó de Jefatura de Gabinete a Capital Humano y de ahí a Economía. En este ida y vuelta, semejante al cuento de la buena pipa, solo pierden los trabajadores estatales y los campesinos que no tienen repuestas desde el estado, ante la falta de políticas de desarrollo o de emergencias tales, como la baja de comercialización de sus producciones, por la caída del consumo debida al deterioro de los salarios provocado por el ajuste. El panorama va de desolación en desolación
VOCES. Ante esta situación, donde la agresividad discursiva de quienes gobiernan, pasa a la acción y se festejan despidos y cierres de organismos, como si se inauguraran obras que beneficien a la población, distintos referentes de organizaciones campesinas y gremiales, expresaron sus opiniones referidas al INAFCI y su actual realidad.
Anastasia García (INAFCI Jujuy)
“El sector de la agricultura familiar es una víctima más del desguace del estado que viene concretando la gestión actual de gobierno. Está claro que no ve, ni quiere ver al sector, como tampoco ve a los discapacitados, a las mujeres que tienen vulnerados sus derechos, ni a les desocupades. Me preocupa el desprecio con el que la máxima autoridad del estado conduce el estado. A esta altura del capitalismo mundial creer que la población puede vivir con pleno empleo o que el estado no debe mediar en los desequilibrios de poder, de mínima es ignorancia. Y las familias campesinas e indígenas saben, lamentablemente, mucho de los desequilibrios de poder cuando son expulsados constantemente de las tierras que históricamente habitaron o son tratados con desprecio aunque son quienes producen la mayoría de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Y una consecuencia de que el gobierno no vea al sector, es que tampoco va a necesitar a las y los agentes del estado que colaboramos en acercar derechos a este sector, como somos los y las trabajadoras estatales que trabajamos en el INAFCI. Además de entender qué no va haber ni un peso, ni una acción a favor de los derechos del sector que debería tenerlos resguardados por la ley 27118, veo a la vuelta de la esquina los despidos de cientos de trabajadores y trabajadoras que les acompañamos hace más de 25 años. No tener autoridades en el INAFCI es el botón de muestra de lo que se viene para el sector y los trabajadores estatales que lo acompañamos”.
Matías Bohl (Federación Nacional Campesina)
“La situación en general ha empeorado enormemente por las medidas políticas que ha tomado el gobierno de Milei. La devaluación, los recortes, la liberación del precio de los combustibles, que impactan negativamente en la agricultura familiar, sumado a la baja del consumo, de productos producidos por el sector. Por lo tanto, hay una situación de que hay miles y miles que están pensando en dejar de producir, eso sumado a que coherentemente con esas medidas económicas todavía no dio ningún indicio de darle institucionalidad y operatividad al INAFCI para que genere políticas para la agricultura familiar. Todo esto hace que, estemos obligados a tomar medidas para visibilizar esta situación, en conjunto con los trabajadores, las organizaciones de la agricultura familiar y pequeños y medianos productores”.
Andrés Lazo (Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar)
La situación de la agricultura familiar en estos momentos es sumamente complicada, porque sin políticas del estado no puede crecer, avanzar, ni desarrollarse. Es un sector que lamentablemente está esperando políticas del estado y cada vez que vienen se pinchan por una u otra cosa. La situación es complicada y hablando con un montón de compañeros de distintos puntos del país, se necesita del INAFCI activo, cosa que, al no haber autoridades, eso genera que el cuerpo técnico que está desplegado en todo el país no pueda prestar los servicios, el acompañamiento que está preparado para los productores y las organizaciones. El hecho que no hayan nombrado autoridades en el INAFCI genera una parálisis total en el sector e incertidumbre. Hay muchos lugares en el interior del país que están teniendo problemas de funcionamiento, no se está pagando a los proveedores, hay alquileres y servicios que hay que pagar y no se pagan. Hubo casos de gente que se ha jubilado y no se ha repuesto ese cargo en el lugar. La situación es complicada porque están faltando los insumos, eso genera que no haya movilidad y trasporte, porque han cortado la YPF en ruta y los técnicos no pueden asistir a los productores”.
Sebastián Rivera (Junta Interna ATE Agricultura)
“La situación del INAFCI está como buena parte del estado nacional, donde en algunos organismos se está un poquito peor y en ese sentido hay algunos que están peor que otros. En todos los organismos se está mal, en algunos no hay autoridades nombradas, la incertidumbre es generalizada porque no se sabe cuál va a ser el destino del organismo y el destino de los mil trabajadores que son parte del INAFCI, por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es justamente que los ñoquis que gobiernan hoy la Argentina se pongan a trabajar y nombren los funcionarios para llevar adelante las políticas para el sector”.
“Tenemos una parte o la mayoría de los organismos del estado nacional en esta situación de conflicto, es por eso por lo que nos venimos sumando a medidas que se realizan desde el sindicato, en estos dos meses y medio que lleva la gestión, para intentar visibilizar la situación en la que está agricultura familiar y todos los organismos que dependen del gobierno nacional. La particularidad que tiene agricultura familiar es que ya cambiamos en dos meses y medio, de dependencia estructural, se empezó dependiendo de jefatura de Gabinete, se pasó después a Capital Humano y ahora salió un nuevo decreto en el cual estamos dependiendo del Ministerio de Economía y todavía no sabemos cómo es esa dependencia dentro de ese organismo. Nosotros, nos fuimos asociando hasta ayer que salió este decreto, con las otras juntas internas que dependían del Ministerio de Capital Humano y haciendo acciones en conjunto para resolver las problemáticas de los compañeros y compañeras que trabajan en el INAFCI. Ahora, nos vamos a tener que sumar con otras juntas internas, pero no ya de Capital Humano, sino del Ministerio de Economía ya que cambiamos de jurisdicción, en ese punto, ante una definición del gobierno nacional, ya teníamos prevista una actividad para hacer visible la problemática de estos sectores, entre otras cosas, porque que muchos desde hace dos meses que no cobran su salario, cosa que también pasa en agricultura familiar. Hace dos meses que no se cobran los viáticos que los compañeros y compañeras realizan y no sabemos qué va a pasar con el pago de las horas extras, con salarios que empiezan en los 150 mil pesos, por lo tanto hay un conflicto general”.
Qué sucederá con el sector, se plantea como una incógnita perversa, de las tantas que el gobierno de Milei pone sobre la realidad que hoy padece el pueblo argentino, con recortes y quita de derechos, en nombre de una libertad inexistente.
Buenos Aires Marzo de 2024.